La razón es que el área de Obras, Servicios y Rehabilitación Urbana no ha llegado a un acuerdo con Unión Temporal de Empresas (UTE) que ganó la primera licitación, ya en marzo de 2015, tras las modificaciones obligadas que quiso introducir en el contrato el Ayuntamiento de Bilbao. Es más, el Consistorio tendrá que verse las caras en los tribunales con las empresas que conforman la UTE, en concreto, Bycam y Construcciones Moyua, ya que han presentando una demanda ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo por incumplimiento del contrato.

El intento de ejecución de estos trabajos se inicia a finales de la legislatura pasada, hace ya casi tres años, cuando, dentro de los proyectos de revitalización del barrio ribereño de Olabeaga, se planteó habilitar unos nuevos accesos desde la bajada que bordea el hospital de Basurto y el estrecho acceso (solo puede pasar un vehículo) que existe en el vial procedente del campo de fútbol de San Mamés.

Una intervención de calado importante para la vida del barrio, conocido como la Pequeña Noruega, que va a consistir en la anulación del vetusto y angosto túnel que transcurre bajo las vías del tren de Renfe, casi al lado de la estación de Olabeaga, y la construcción de un nuevo paso mucho más ancho a unos metros del actual.

El acceso a estrenar permitirá la circulación de dos vehículos en doble sentido flanqueado por sendas aceras para peatones, algo que los vecinos de Olabeaga vienen solicitando desde hace décadas. Además, está previsto construir una nueva entrada procedente de la zona de San Mamés, una prolongación del Camino de la Ventosa que contará con dos carriles, una acera a la derecha en sentido hacia la ría y todo ello rodeado de zonas verdes.

Este tramo del Camino de la Ventosa desembocará en un nuevo cruce que se va a generar en el lado de las vías más cercano a la ría, el cual sustituirá al actual ubicado al otro lado, donde confluyen el mencionado Camino y la Cuesta de Olabeaga, justo por debajo de los nuevos accesos a Bilbao desde la autopista.

Con este nuevo tramo, los vecinos del barrio ribereño ya no tendrán que circular con sus coches por el escuálido paso encajado entre dos paredes y las vías que discurren por encima, el cual permite el paso de un solo coche. De hecho, el tránsito por este punto es regulado por sendos semáforos que dan prioridad a un sentido u otro de la circulación.

Todas estas intervenciones obligatoriamente tenían que contar con los permisos de Adif como ente competente en materia ferroviaria dependiente del Estado. Y aquí es cuando vino la madre del cordero.

A primeros de 2015 Ayuntamiento y Adif firmaron el correspondiente convenio para ejecutar unas obras que el director de Obras y Servicios Fran Víñez calificó entonces de “intervención complicada por todas las medidas de seguridad y puntos de garantía que nos han marcado en Adif”. Hay que tener en cuenta que los trabajos de nueva construcción se desarrollarán con el servicio ferroviario habitual activo tanto de Cercanías de Renfe como en el paso de convoyes de mercancías. Sin embargo, en todo este proceso Adif puso en marcha un cambio de normativa como consecuencia del accidente mortal del AVE ocurrido en Galicia.

Este cambio por parte del gestor ferroviario estatal obligó a una serie de modificaciones del proyecto constructivo de los nuevos accesos por parte del Ayuntamiento, un proceso con tiras y aflojas por ambas partes que se demoró varios meses a lo largo de 2015 y 2016.

MODIFICACIONES OBLIGADASA finales del pasado año, se concretaron las modificaciones a aplicar por las exigencias de seguridad de Adif, por lo que el Ayuntamiento intentó retomar las obras con todos los añadidos incluidos. Pero no pudo.

Por un lado, el largo tiempo pasado desde que la UTE gano el concurso, en marzo de 2015, supuso que las empresas adjudicatarias pusieran encima de la mesa una replanteamiento de costes al alza ya que los precios no eran válidos.

A eso hubo que añadir que las modificaciones de seguridad obligadas por Adif elevaba el presupuesto inicial en que se adjudicaron los trabajos, en concreto, 1,2 millones de euros. El Área de Obras, Servicios y Urbanismo dirigida por Ricardo Barkala negoció con la UTE para intentar seguir adelante con el proyecto pero no hubo entente y las partes acabaron con un desacuerdo que ha acabado en los tribunales para dirimir posibles indemnizaciones a las empresas contratadas.

Mientras tanto los servicios técnicos municipales ya están elaborando los pliegos de condiciones para abrir un nuevo concurso público de ejecución de las obras, ahora sí, con todos los requisitos implantados por Adif y con precios a coste del presente año que supondrá como mínimo un aumento de 300.000 euros con respecto al 1,2 millones de euros que se cifró al inicio del proyecto.

Mientras tanto los vecinos de Olabeaga siguen cultivando su paciencia. Fuentes municipales han indicado que durante todo este prolongado proceso se ha tenido informado a los vecinos “y es de agradecer que hayan sido comprensivos con las circunstancias que nos han venido sobrevenidas”.